La crisis arrocera: una cosecha del contrabando y el monopolio
Centauro Televisión El modus operandi de los molinos raya en el abuso
Felipe Andrés Ferro /Diputado.
El arroz, que por generaciones ha sido sinónimo de sustento y progreso para el Tolima, hoy es un cultivo a pérdida. Lo que antes representaba estabilidad económica para miles de familias campesinas, ahora es un laberinto de deudas, abuso y abandono por parte del gobierno Nacional. Los pequeños y medianos productores están atrapados en una crisis sin precedentes, donde los costos de producción superan con creces los precios de venta y el contrabando técnico se ha convertido en una estocada letal para el sector.
Los números no mienten. Como lo ha denunciado nuestra Gobernadora, Adriana Magali Matiz, el precio de la carga de arroz ha caído a 185 mil pesos, cuando producirla cuesta 205 mil. Esta ecuación es insostenible. ¿Cómo puede sobrevivir un agricultor que invierte más de lo que recibe? La realidad es que están trabajando para perder, mientras que los consumidores siguen pagando altos precios por el arroz blanco en el mercado. Es decir, el dinero se está quedando en los intermediarios, en los molinos, que manejan el negocio como un monopolio férreo, fijando precios y condiciones a su antojo.
El modus operandi de los molinos raya en el abuso. No solo compran el arroz a precios irrisorios, sino que imponen una serie de pruebas de calidad que, lejos de ser una garantía para el consumidor, se han convertido en una herramienta para reducir aún más el pago a los productores. Cada impureza encontrada es descontada, y los arroceros denuncian que estas pruebas son manipuladas para favorecer siempre a los compradores y nunca a quienes trabajan la tierra.
Pero si esto no fuera suficiente, el contrabando técnico, conocido como triangulación, ha terminado de hundir al sector. Ecuador, por ejemplo, compra arroz barato de Vietnam y lo introduce a Colombia como si fuera de producción ecuatoriana, aprovechando los tratados de la Comunidad Andina. Este juego sucio distorsiona el mercado y ahoga aún más a los agricultores tolimenses que ya no pueden competir en igualdad de condiciones.
Frente a esta crisis, nuestra Gobernadora Adriana Magali Matiz ha sido una voz valiente y firme. Ha liderado mesas técnicas con el Ministerio de Agricultura y ha puesto sobre la mesa soluciones concretas, como la construcción de plantas de almacenamiento y secamiento, un proyecto clave dentro del Plan de Desarrollo. Además, ha encarado directamente al gobierno de Gustavo Petro, exigiendo respuestas reales y urgentes para el sector arrocero. Porque aquí no se trata de discursos vacíos ni de promesas electorales, sino de la supervivencia de miles de familias que han dedicado su vida a cultivar la tierra.
El gobierno nacional no puede seguir ignorando esta crisis. Los arroceros del Tolima necesitan acciones inmediatas para detener el abuso de los molinos, frenar el contrabando y garantizar precios justos. Si el Estado no protege a sus agricultores, ¿quién lo hará? No permitamos que el arroz, el alimento base de nuestro pueblo, se convierta en un símbolo de quiebra y desesperanza. Es hora de cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.
