¡Los hijos no son del Estado!

La autoridad debe ser proporcional, razonable y, sobre todo, legal.

Felipe Andrés Ferro Diputado

En Colombia, la libertad está siendo secuestrada a pedazos. Esta vez, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en un arrebato digno del libreto chavista, ha soltado una frase que retumba como una amenaza: “Todo niño o niña o adolescente, todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si un padre no quiere vacunar a sus hijos contra la fiebre amarilla, el ICBF tendrá que intervenir”. Es decir, que los hijos ya no serían nuestros, sino suyos. ¡Una afirmación tan descabellada que en cualquier democracia debería provocar la renuncia inmediata del funcionario!

Pero no se trata solo de una frase suelta, sino de un síntoma grave del modelo autoritario que impulsa el Gobierno Petro. La familia, piedra angular de nuestra sociedad, está siendo desmantelada a golpe de discursos ideologizados. ¿De dónde sale semejante estupidez jurídica y ética? ¿En qué momento el Estado pasó de ser garante de derechos a proclamarse dueño de nuestros hijos?

El Código Civil colombiano es clarísimo: la patria potestad pertenece a los padres, no al Estado. El artículo 288 establece que esta potestad es ejercida por el padre y la madre, siempre que ambos estén vivos y hayan reconocido al hijo. Y el artículo 315 solo permite retirarla en casos extremos como maltrato, abandono o corrupción del menor, y siempre por decisión de un juez. Pero ahora, según el ministro Jaramillo, basta con no vacunar a un niño para que intervenga el ICBF como si se tratara de un acto criminal. Un exabrupto legal, ético y moral.

Y claro que la vacunación infantil es importante. De hecho, la fiebre amarilla es una enfermedad peligrosa y prevenirla salva vidas. Pero la solución no es pasar por encima de los derechos parentales, sino educar, informar y concientizar.

Según el Instituto Nacional de Salud, en 2023 la cobertura de vacunación en niños menores de un año fue del 88,9%. Eso demuestra que la mayoría de padres cumple. Entonces, ¿por qué usar el garrote del Estado y no la pedagogía? ¿Por qué el tono amenazante en lugar del respeto?

La Corte Constitucional ha sido tajante: la vacunación es esencial, pero debe respetar las convicciones de los padres, siempre que no se comprometa la salud pública ni la vida del menor. La autoridad debe ser proporcional, razonable y, sobre todo, legal. Lo que ha hecho el ministro es pasarse por alto no solo la Constitución, sino el sentido común.

Este tipo de afirmaciones —más propias de una dictadura que de una democracia— son peligrosas. Porque cuando el Estado se declara dueño de los hijos, lo que sigue es el adoctrinamiento, la censura, y la destrucción de la familia como institución. Ya lo vivimos en Venezuela, donde el régimen convirtió a los niños en soldados ideológicos y a los padres en meros espectadores.

Hoy, más que nunca, debemos alzar la voz. Si se meten con nuestros niños, los defenderemos con todas las herramientas legales, sociales y políticas posibles.

Porque los hijos no son del Estado. Son de sus padres. Son de su hogar. Y eso, por mucho que lo intente el ministro Jaramillo, no lo podrá cambiar ningún gobierno de turno.